En la madrugada del miércoles, el Senado selló un acuerdo crucial en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Con una votación reñida de 26 votos a favor y 24 en contra, se aprobó la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, que se implementará de manera gradual. Este recorte busca incentivar la inversión empresarial y, al mismo tiempo, dar un respiro a las empresas que han enfrentado dificultades económicas en los últimos años, amplificando así un debate que, de fondo, cuestiona la importancia de la carga tributaria como motor de crecimiento económico en el país.
En la misma sesión, el Senado aprobó también una medida muy significativa que exime del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años sobre su primera vivienda. Esta decisión, respaldada por 28 votos a favor y 22 en contra, fue presentada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien destacó la importancia de ofrecer un alivio fiscal a un segmento de la población vulnerable. Sin embargo, la senadora Yasna Provoste anticipó la presentación de una reserva de constitucionalidad en contra de esta decisión, lo que sugiere que la discusión en torno a estas reformas no ha hecho más que comenzar.
El proyecto de Ley de Reconstrucción, que ya había sido evaluado por varias comisiones del Senado, abarca un total de 63 artículos que introducen innovaciones en la política tributaria del país. Entre las propuestas destacadas se encuentra la creación de un impuesto único del 5% para arrendadores de viviendas económicas y la implementación de inamovilidad tributaria por un periodo de 10 a 20 años, que, según los senadores del oficialismo, garantizará la estabilidad necesaria para atraer inversiones. Esta extensión de la seguridad fiscal fue vista como una estrategia esencial para fortalecer la confianza de los inversionistas en Chile.
La discusión en el Senado estuvo marcada por voces críticas de la oposición, quienes cuestionaron la viabilidad fiscal de las rebajas impositivas. La senadora Beatriz Sánchez expresó su preocupación señalando que cada punto porcentual de reducción en el impuesto corporativo se traduce en una pérdida significativa de ingresos para el Estado, estimando que la reforma podría representar un agujero fiscal de hasta 4.800 millones de dólares. Estas advertencias hicieron eco entre diversos legisladores, estableciendo un dilema entre el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal que alimenta el debate político en el ámbito nacional.
A pesar de las desavenencias y las protestas de la oposición, los senadores oficialistas defendieron la reforma como esencial para revitalizar la economía del país. Alegando que se trata de una medida destinada a fomentar la inversión, el senador Carlos Kuschel argumentó que estas políticas permitirán un crecimiento sostenido. Sin embargo, aún quedan por debatir otras medidas dentro del proyecto, tales como la exención temporal del IVA en la compra de viviendas nuevas y el financiamiento de viviendas para las familias afectadas por recientes desastres naturales, lo que subraya la complejidad y la urgencia de la discusión legislativa que se llevará a cabo en las próximas semanas.
