La Corte de Apelaciones de Concepción ha reafirmado una decisión importante para la Tesorería General de la República (TGR), permitiéndole continuar el proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Este fallo se produce en el contexto de un recurso de protección interpuesto por un deudor que intentaba frenar la cobranza de una obligación cuya acción de cobro había sido declarada prescrita por el Segundo Juzgado Civil de Temuco en relación a un pagaré bancario. Sin embargo, la Corte aclaró que esta prescripción no detiene el derecho de la TGR a recuperar los fondos, ya que la deuda persiste incluso después de la decisión judicial sobre el pagaré.
El tribunal desestimó los argumentos presentados por el acreditado, enfatizando que la declaración de prescripción solo afecta la capacidad del banco original de cobrar la deuda a través del pagaré. Esta aclaración es crucial porque mantiene la validez de la obligación que tiene el deudor con el Estado, después de que este último haya cumplido su responsabilidad al pagar la garantía cuando se hizo efectivo el CAE. Así, la Corte demostró que la prescripción de la acción de cobro del pagaré no elimina la deuda principal, permitiendo a la TGR seguir adelante en su labor de recuperación.
Una de las principales consideraciones del tribunal fue la naturaleza del proceso de cobro en este caso. Tras el pago de la garantía por parte del Estado, se establece una relación de deuda fiscal, donde la TGR se convierte en el nuevo acreedor, ocupando el lugar del banco original. La Corte reafirmó que la TGR actuó conforme a sus facultades legales al basar su proceso de cobro en registros de deudores morosos asociados a créditos fiscales, en lugar de depender del pagaré cuya acción había caducado.
La importancia de esta sentencia radica en su papel en el sistema de recuperación de recursos públicos. Hernán Nobizelli, Tesorero General de la República, destacó que este fallo refuerza una tendencia a nivel nacional, pues ya existen más de 1.250 recursos de protección rechazados por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en casos similares. Esto subraya la determinación de la TGR de garantizar la defensa de recursos públicos y el cumplimiento de su mandato legal, que es crucial para el financiamiento de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.
En resumen, la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción subraya la robustez del marco legal que permite al Estado recuperar deudas a pesar de prescripciones en acciones de cobro relacionadas a instrumentos bancarios. Este fallo no solo reafirma la autoridad de la TGR, sino que también contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones del gobierno hacia la sociedad, asegurando así la continuidad de los programas y políticas que benefician a todos los ciudadanos.
