La necesidad de reformar el empleo público en Chile se ha convertido en un tema de vital importancia en los círculos políticos y académicos. Varios diagnósticos han coincidido en la urgencia de implementar propuestas centradas en el mérito, la movilidad, la evaluación y la creación de nuevas razones para la cesación de los funcionarios. Sin embargo, el verdadero desafío radica en determinar quién tendrá la autoridad para llevar a cabo esta reforma y bajo qué mecanismos de control se desarrollará. Este será un proceso crítico, ya que la correcta distribución de poder dentro del aparato estatal influirá directamente en la efectividad de la reforma.
El actual sistema de empleo público en Chile presenta inconsistencias significativas. La entrada al servicio civil es notablemente más flexible que la salida, lo que genera un ambiente donde las evaluaciones no discriminan adecuadamente entre el buen y mal desempeño. Además, la estabilidad laboral no puede convertirse en inamovilidad, ya que esto limita las herramientas necesarias para gestionar adecuadamente los recursos humanos en el Estado. Una reforma que se limite únicamente a facilitar la salida podría resultar en un sistema con una mayor discrecionalidad tanto para ingresar como para salir, lo que podría agudizar la falta de meritocracia.
Un elemento esencial que debe estar presente en la reforma es la dotación de facultades efectivas a las jefaturas. Si bien la estabilidad puede proteger a los buenos funcionarios de decisiones arbitrarias, también puede ser un obstáculo para la salida de aquellos con un bajo desempeño. Es crucial que un servicio civil profesional no solo ofrezca protección, sino que también exija responsabilidad. Las evaluaciones que impacten en la permanencia laboral deben ser rigurosas y verificables, de lo contrario, el poder se trasladará a quien evalúa, generando nuevos riesgos de dependencia.
Es fundamental reconocer que no todos los problemas del funcionamiento estatal son atribuibles a los funcionarios. Un servicio puede fracasar debido a deficiencias en la dirección, procesos ineficientes o un mal diseño organizativo. Además, puede haber desbalance en la dotación de recursos humanos; algunas funciones pueden estar sobredimensionadas mientras que otras carecen de personal capacitado. Por lo tanto, despedir a un funcionario no necesariamente resuelve la problemática; es imperativo rediseñar las organizaciones y su funcionamiento para lograr una mejora real en el sistema.
La comisión convocada por Jorge Quiroz tiene la oportunidad de construir sobre las bases sentadas por gobiernos anteriores y centros de pensamiento. En los próximos 120 días, su enfoque debería centrarse en los aspectos donde se logra consenso: la evaluación, las causales de salida, la reestructuración y la separación entre la carrera administrativa y la confianza política. Para que la reforma sea efectiva, debe permitir un ingreso meritocrático, facilitar la movilidad basada en capacidades y garantizar que la permanencia no dependa de afinidades políticas, sino del rendimiento. Una transformación que sea capaz de remover incompetentes mientras protege la independencia de los profesionales es el verdadero reto que enfrenta Chile.
