El caso SQM, uno de los más mediáticos en Chile relacionado con el financiamiento irregular de la política, ha vuelto a tomar protagonismo tras la reciente decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía de recurrir para anular la absolución de Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse. La apelación se produce después de un exhaustivo juicio que se extendió a lo largo de 560 jornadas y culminó con una sentencia que absolvió a los implicados. Esta acción legal ha generado un nuevo capítulo en un caso que data de 2014, abriendo así la puerta para que la Corte de Apelaciones de Santiago evalúe la validez del juicio anterior e incluso considere la posibilidad de un nuevo proceso judicial.
El recién publicado fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que abarca más de 4.300 páginas, fue objeto de controversia desde su emisión, en gran parte debido al voto divergente de la jueza Carolina Paredes, quien defendió la necesidad de condenas. Esta disidencia ha alimentado las alegaciones por parte del CDE, que argumenta que la resolución no pudo haber llegado a conclusiones justas debido a una supuesta falta de claridad y lógica en los razonamientos del tribunal. Por su parte, la fiscal Claudia Perivancich apuntó que la nulidad se basa en errores legales que afectarían la fundamentación de la decisión tomada el año anterior.
El CDE, representado por el procurador Marcelo Chandía, ha presentado un extenso documento de 166 páginas donde expone sus críticas a la sentencia, dividiéndolas en varios capítulos. Entre ellas, destaca la supuesta «falta de congruencia» en relación a la desestimación de pruebas clave que podrían haber confirmado los beneficios económicos que recibiría Longueira. El CDE también ha cuestionado la forma en la que el tribunal interpretó el plazo razonable del juicio, argumentando que este no fue considerado adecuadamente debido a la complejidad del caso y la cantidad de pruebas presentadas.
Además, el CDE ha alegado que la sentencia omitió pruebas vitales que podrían haber tentado a una condena, incluyendo correos electrónicos que fueron incautados en la investigación y que demostraban la participación de los acusados en acciones corruptas. La defensa de Contesse, encabezada por Samuel Donoso, ha rechazado estas acusaciones, sugiriendo que la continuación de esta causa es una forma de persecución política que pone en duda el uso eficiente de los recursos públicos, tras más de una década de investigaciones y casi tres años de juicio.
Ahora, la Corte de Santiago tiene la palabra. La decisión sobre la nulidad del juicio y la posible reapertura del caso SQM dependerá de cómo los magistrados evalúen los argumentos presentados tanto por el CDE como por la Fiscalía. En un contexto donde la opinión pública ha seguido de cerca este caso emblemático, se anticipa una gran atención mediática hacia el resultado de esta apelación, que no solo afectará a los implicados directos, sino también al sistema judicial y a la confianza de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción en el país.
