La Fiscalía de Atacama ha logrado avances significativos en su investigación sobre un caso de corrupción que involucra a varios funcionarios públicos en el contexto de la gestión del abastecimiento en instituciones como Gendarmería, el Ejército y el antiguo Sename. En una audiencia de formalización realizada recientemente, el Juzgado de Garantía de Copiapó determinó que tres de los imputados, compuesto por dos mujeres y un hombre, permanecerán bajo prisión preventiva. Este desarrollo marca un hito en el esfuerzo continuo del Ministerio Público por combatir la corrupción en el sector público.
Los delitos que se indagan incluyen cohecho reiterado, asociación criminal y lavado de activos, los cuales habrían ocurrido durante la compra de insumos y alimentos para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, el CIP-CRC de San Bernardo, y el Regimiento Logístico N°2 de Arsenales de Guerra de Colina. La investigación, liderada por el fiscal Luis Miranda Flores, cuenta con el apoyo de detectives de las unidades especializadas Bridec y Brilac de la Policía de Investigaciones (PDI), fortaleciendo así el enfoque del caso.
Durante una jornada maratónica que se prolongó por cinco días, el fiscal Miranda presentó ante el tribunal las pruebas que llevaron a la conclusión de que efectivamente se estaban cometiendo actos delictivos. «Se fijó un plazo de cinco meses para desarrollar las diligencias restantes de esta compleja indagatoria», afirmó el fiscal, lo que sugiere que las investigaciones aún están lejos de concluir y podrían revelar más implicados en el escándalo.
Además de los tres funcionarios que enfrentarán prisión preventiva, los otros siete imputados enfrentarán arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esta decisión se basa en la interpretación del tribunal sobre la gravedad de los presuntos delitos y el riesgo de fuga. Inmediatamente después de la formalización, se conocieron detalles sobre la participación de los implicados y su relación con los contratos sospechosos, que fueron objeto de manipulación para beneficio personal.
El fiscal Miranda también destacó que la investigación no se limita a los imputados ya formalizados, ya que no se descarta que otros organismos estatales también hayan incurrido en actos de corrupción en el marco de esta indagatoria. La continuación de la revisión de las órdenes de compra de insumos vinculadas a empresas proveedoras cuyos propietarios han sido formalizados indica que se están tomando medidas contundentes para desenmascarar una red de corrupción más amplia dentro del sector público.
