El **Séptimo Juzgado de Garantía** de Santiago ha sido notificado sobre el incumplimiento de la medida de **arresto domiciliario total** que se había impuesto a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Según un informe emitido por **Carabineros**, la imputada no respondió a los controles policiales realizados en su domicilio el pasado 5 de julio. Esto se registró en el **Informe N°24** de la 19ª Comisaría de Providencia Sur, donde se comunicó que los funcionarios realizaron múltiples intentos para constatar su presencia en el lugar, incluyendo varias llamadas telefónicas y toques al citófono, sin éxito.
El documento detalla que los Carabineros, liderados por el sargento primero Jorge Valdés, activaron además el dispositivo sonoro del vehículo institucional, pero la exministra no atendió el llamado del personal policial. Estos eventos han llevado al juez Cristian Azócar a tomar nota del potencial incumplimiento y a informar a las partes involucradas, quienes deberán evaluar las acciones a seguir ante esta situación inusual, considerando el alto perfil del caso de Vivanco, vinculado a la polémica denominada **trama bielorrusa**.
A pesar de este incumplimiento reportado por Carabineros, el tribunal decidió conceder a Vivanco una **suspensión temporal** del arresto domiciliario para que pudiera asistir a exámenes médicos y a una consulta odontológica, programadas para el 8 de julio. Esta autorización ha generado repercusiones, ya que coincide con el anuncio de que las autoridades verificarán el cumplimiento de las condiciones de su arresto, teniendo en cuenta la reciente falta de respuesta durante el control.
La exministra fue liberada de prisión preventiva el 12 de junio tras haber permanecido 133 días en el **Centro Penitenciario Femenino de Santiago**. Esta decisión se dio tras la aprobación de un recurso de su defensa que logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Como parte de su libertad condicional, Vivanco está sujeta a otras restricciones, incluyendo **arraigo nacional** y una prohibición de comunicarse con otros imputados en su caso.
La Fiscalía Regional de Los Lagos sostiene que durante su tiempo en la Corte Suprema, Vivanco habría recibido cerca de **$90 millones** a cambio de beneficios otorgados al consorcio entre la empresa estatal bielorrusa **Belaz** y la chilena **Movitec** en un litigio contra **Codelco**, lo que culminó en un pago de 17 mil millones de pesos a la minera estatal. Este contexto, sumado al reciente incumplimiento de su arresto domiciliario, mantiene la presión sobre esta figura pública mientras el proceso legal continúa.
