El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha decidido postergar su respuesta a las observaciones sobre la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) hasta el 10 de julio. Esta decisión ha suscitado un intenso debate público en torno a la propuesta de reducción del número mínimo de habitantes requeridos para calcular la densidad de proyectos urbanísticos. Actualmente, se plantea bajar la cifra de cuatro a dos habitantes, y en el caso específico de la vivienda económica, a uno. Los alcaldes de varias comunas han expresado su preocupación, argumentando que este cambio podría provocar la saturación de ciertos sectores, evocando situaciones difíciles en zonas como Estación Central, donde la densidad ha generado desafíos significativos en términos de infraestructura y calidad de vida.
El problema subyacente a este debate no se limita simplemente a la cifra que se propone modificar. En la actualidad, muchas ciudades enfrentan la proliferación de edificios que los especialistas han denominado «lustrín», los cuales, en su gran mayoría, se construyen en estricta adherencia a las normativas vigentes. Estas edificaciones reproducen un modelo que responde más a limitaciones impuestas por la legislación que a una verdadera decisión de diseño arquitectónico. En consecuencia, las normas que debieron funcionar como límites se convierten en el único criterio para la concepción de nuestros entornos urbanos, afectando la variabilidad y originalidad de los proyectos.
Si bien estas regulaciones pueden determinar la cantidad de construcciones, no abordan de manera efectiva los aspectos relacionados con cómo se deben llevar a cabo ni qué tipo de comunidad se busca fomentar. Sin una visión compartida y objetiva sobre el barrio y el estilo de vida que se quiere promover, se corre el riesgo de continuar generando ciudades fragmentadas, donde se priorizan decisiones aisladas y la maximización de la superficie construida por encima del bienestar de sus habitantes. Este enfoque podría llevar a una urbanización que favorezca la construcción en serie más que la creación de espacios de convivencia.
La Ley 21.078, que fue impulsada como respuesta a la problemática de los guetos verticales, incorporó un nuevo enfoque al exigir la creación de una imagen objetivo como parte obligatoria en la planificación territorial. Esta ley se enfoca en la importancia de tener una visión integral de las áreas a desarrollar, buscando así reconectar las decisiones de infraestructura con las realidades sociales que estas generan. Al establecer requisitos claros sobre cómo se debe imaginar y construir el espacio urbano, la ley pretende promover un desarrollo más armónico y humano.
Por lo tanto, el desafío que se presenta ante el Minvu el próximo 10 de julio trasciende la simple modificación de un número dentro de la normativa. Se trata de repensar la relación entre las normas urbanísticas y la ciudad misma. Ninguna cifra, por precisa que sea, tiene la capacidad de diseñar un barrio o de imaginar la vida cotidiana de sus residentes. Se necesita un enfoque que reconozca la complejidad de la vida urbana y que promueva procesos de diseño más inclusivos y reflexivos, capaces de dar forma a comunidades cohesivas y integradas.
