El presidente Gabriel Boric ha condenado enérgicamente el asesinato de un trabajador forestal en Victoria, en la Región de La Araucanía. Durante un encuentro reciente con el Comité Policial de Seguridad Pública y vecinos de la comuna de Lo Prado, Boric calificó el ataque como «brutal e inaceptable», expresando sus más sinceras condolencias a las familias y compañeros de trabajo de la víctima. El mandatario subrayó que las investigaciones están en marcha y que se evaluará la posibilidad de ampliar o modificar la querella que el Gobierno presentará en este caso. Su firme posición refleja un compromiso claro contra la violencia y el crimen en el país.
En el mismo contexto, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, destacó la importancia de no apresurarse en las conclusiones sobre las motivaciones detrás del asesinato, indicando que se debe permitir que la investigación avance de manera rigurosa. Vallejo enfatizó que es fundamental entender si el crimen se enmarca en la delincuencia común o si tiene conexiones más profundas, lo que podría llevar a la aplicación de la Ley Antiterrorista. La ministra apuntó que la situación requiere de un análisis cuidadoso, para así tomar las decisiones legales adecuadas.
Boric también hizo hincapié en que el Gobierno no escatimará esfuerzos para perseguir a los responsables de este crimen, asegurando que se hará justicia en todos los casos relacionados con la violencia. Citó ejemplos anteriores de detenciones exitosas, como aquellos que intentaron escapar de la cárcel en Valparaíso y los implicados en otros asesinatos altamente mediáticos. La insistencia del presidente en no permitir que la violencia normalice la vida cotidiana de los ciudadanos chilenos es un mensaje fuerte y claro a quienes buscan perturbar la paz.
En su declaración, Boric también abordó el tema de la impunidad, reiterando que, ante la comisión de delitos, Chile se unirá para combatir el crimen organizado y la violencia. La respuesta del Gobierno se centra en garantizar que no haya espacio para la delincuencia en el país, transmitiendo un mensaje de unidad y determinación a la ciudadanía. Este enfoque busca construir un Chile más seguro, donde la confianza en las instituciones y la justicia se restablezca.
La posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista ha sido evaluada, pero permanece dependiente de los hallazgos de la investigación. Vallejo hizo un llamado a la ciudadanía para que confíen en el proceso y en la capacidad del Gobierno para manejar la situación. Reconoció que no se habían registrado atentados similares en más de un año en la zona, lo que engrandece la gravedad del acto violento. En conclusión, se pide a todos los actores involucrados permitir que las instituciones trabajen para enfrentar esta compleja problemática, poniendo énfasis en el respeto al procedimiento legal y a una investigación exhaustiva.
