Una jueza federal de Estados Unidos, Deborah Boardman, ha intervenido para bloquear un nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en el país. En su decisión, la jueza dejó sin efecto parcialmente una orden ejecutiva emitida por Trump en respuesta a la anulación de un decreto similar por parte del Tribunal Supremo. Este hecho marca un nuevo conflicto legal en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos.
La magistrada Boardman determinó que la Administración no podía implementar una nueva orden restrictiva en este asunto. A pesar de esto, dejó abierta la posibilidad de que las agencias gubernamentales continúen trabajando en la formulación de directrices sobre cómo llevar a cabo dicha política. Según informaciones de CNN, la jueza también expresó que había evidencias que sugerían que esta nueva política podría ser inconstitucional, aspecto que podría traer consigo un prolongado debate legal.
El Tribunal Supremo, a finales de junio, falló indicando que había «escasas pruebas» que respaldaran la reinterpretación que Trump planteaba sobre la norma de la Decimocuarta Enmienda. Esta enmienda estipula que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos». Esto implica que la señalada política de Trump, que buscaba negar la ciudadanía a niños nacidos de padres no documentados o con visados temporales, se enfrenta a un marco legal que históricamente ha defendido el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Se estima que la política de Trump, de ser implementada, podría afectar a aproximadamente 250.000 bebés nacidos en Estados Unidos cada año, según los datos del Instituto de Políticas Migratorias y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania. La intención de esta directiva ha generado un fuerte rechazo desde diversos sectores, quienes consideran que constituye un ataque a los derechos constitucionales y a la diversidad que caracteriza al país.
Desde sus inicios en la política, Trump ha convertido la restricción de la ciudadanía por derecho de nacimiento en un sello distintivo de su mandato. Tras su regreso al cargo el año pasado, el presidente rápidamente emitió la orden ejecutiva que buscaba limitar este derecho fundamental. Con el reciente fallo de la jueza Boardman y el respaldo de decisiones previas del Tribunal Supremo, queda claro que la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo un tema candente en la agenda nacional, generando divisiones y tensiones en la sociedad estadounidense.
