El diputado Diego Schalper, del partido Renovación Nacional (RN), ha expresado su profunda preocupación por la controversia generada en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Durante una reciente sesión en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, declaró que era consciente de la normativa que prohibía la transacción entre el Estado y las herederas, la exsenadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández. Sin embargo, Moya argumentó que, por su perfil técnico, no era su responsabilidad advertir al Presidente sobre la situación, lo que ha suscitado un debate significativo sobre la rendición de cuentas dentro del gobierno.
Schalper, en conversación con Radio Duna, afirmó que, como oposición, no cuentan con suficientes votos para presentar una acusación constitucional ni contra el ministro Álvaro Elizalde ni contra el Presidente. “No los tenemos, no es suficiente”, recalcó, indicando que es necesario el apoyo de sectores del centro y de la Democracia Cristiana para avanzar en este tema. La incapacidad de la oposición para movilizar votos suficientes destaca la fragmentación del panorama político actual en Chile, donde las alianzas son cruciales para cualquier acción legislativa significativa.
El legislador RN señaló que para los sectores del centro político, cada vez resulta más difícil ignorar las responsabilidades políticas en el contexto de la crisis generada por la fallida compra. “Si el gobierno no es capaz de hacer valer las responsabilidades de quienes estuvieron en la cadena de visado de este documento, se volverá insostenible para esos sectores mantener una postura neutral”, advirtió. Esta declaración sugiere que la presión está aumentando sobre el gobierno para que tome medidas claras y decisivas respecto a los involucrados, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en la Cámara.
Schalper insistió en que Álvaro Elizalde no puede evadir su responsabilidad como titular de la Segpres y exigió que el Presidente considere la renuncia de todos aquellos que tuvieron que ver con la gestión de este controversial documento. “¿Cómo pueden ser tan irresponsables?”, se preguntó el diputado, subrayando que el asunto ha alcanzado un punto crítico. Su llamado a la acción se enmarca en un creciente descontento hacia la forma en que el gobierno ha manejado la situación, y refleja una sensación de urgencia para que se tomen acciones correctivas inmediatas.
Finalmente, al concluir sus declaraciones, Schalper expresó su sorpresa ante la aparente falta de sentido común del Presidente en relación a este escándalo. La presión sobre el gobierno parece alcanzar un nuevo nivel, y las palabras de Schalper resuenan con un anhelo de rectitud y responsabilidad política. Con la posibilidad de una acusación constitucional a la vista, el futuro inmediato del gobierno de Gabriel Boric podría definirse en este tenso escenario, donde la oposición comienza a considerar su próximo movimiento en medio de un clima de creciente desconfianza y demanda de rendición de cuentas.
