
Un estudio del Centro de Estudios Públicos de los académicos Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara que analizó la propuesta de pensiones que impulsa el gobierno concluyó que los seguros sociales bajarían las tasas de reemplazo de los futuros pensionados hasta en un 7% y perjudicaría a las mujeres, levantando alarmas sobre la propuesta.
El lunes, el diario La Tercera informó sobre las conclusiones de un estudio realizado por los académicos Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara que analizaron la propuesta de seguros sociales de la reforma de pensiones del Gobierno, en específico, el mecanismo de solidaridad intergeneracional de la propuesta que considera una garantía de UF 0,1 por año cotizado.
El estudio contrastó los potenciales beneficios de ese seguro para los futuros pensionados, versus el que éstos introduzcan en su totalidad el 6% adicional de cotización en sus cuentas individuales.
Para los investigadores, las conclusiones son decidoras. En primer lugar, los mayores beneficiados por la garantía propuesta como seguro social solidario por el Gobierno serían los pensionados actuales hombres, de sueldos medio altos (superior a $1,3 millones), y que, por el contrario, las mujeres apenas recibirían un tercio de lo que recibirían sus pares masculinos. Estos números parecen ser contrarios a las declaraciones del Gobierno, que vía la ministra Jeannette Jara, ha señalado que la reforma de pensiones es necesaria justamente para terminar con las injusticias contra la mujer que genera el sistema.
Por otro lado, y lo que parece más grave, los futuros pensionados se verían perjudicados con este seguro social, considerando una alternativa donde la totalidad de los fondos del 6% adicional vayan a su cuenta individual. “En nuestros cálculos se observa que el pago de la garantía disminuye las tasas de reemplazo de los futuros pensionados en hasta siete puntos porcentuales, especialmente en los grupos de menores ingresos”, se concluye en el estudio.
Esto significa que los futuros jubilados tendrían una pensión hasta 7% peor que si es que no existiera el seguro social propuesto y esos fondos se fueran a sus cuentas individuales.
Los números son especialmente impactantes, dado que casi el 90% del costo del seguro social propuesto se destinará a esa garantía de UF 0,1 por año cotizado. En otras palabras, el principal costo del seguro social propuesto perjudicaría más que beneficiaría las pensiones de los futuros pensionados. En esa línea, el economista Tomás Flores, ex subsecretario de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, comentó en sus redes sociales que “el estudio del CEP demuestra que la solidaridad propuesta por la reforma del gobierno perjudica a las pensiones futuras y castiga a las mujeres hoy jubiladas. Razón adicional para focalizar la solidaridad en la PGU y así lograr un avance”.