A primera hora de este martes, el Presidente José Antonio Kast firmó la promulgación de una nueva ley que extiende el plazo de flagrancia en casos de delitos para que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) puedan actuar de manera más efectiva. El nuevo marco legal amplía el tiempo de flagrancia de 12 a 24 horas para las fuerzas policiales, mientras que la Autoridad Marítima podrá actuar hasta 48 horas después de la comisión del delito. Esta iniciativa se presenta como la primera respuesta formal desde el Congreso Nacional en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que busca fortalecer la seguridad pública ante el aumento de delitos en el país.
La flagrancia, según la Constitución, permite a las autoridades detener a una persona sin necesidad de orden judicial si es sorprendida en el acto de cometer un delito. Este concepto se encuentra regulado por el artículo 130 del Código Procesal Penal, que define la situación y los criterios bajo los cuales se considera que se ha producido un acto flagrante. Con la nueva ley promulgada, se establece un marco más amplio que otorga a Carabineros y a la PDI más tiempo para recopilar evidencias, lo que resulta crucial para el desarrollo de investigaciones y la prevención de delitos mayores.
Entre las medidas concretas que se introducen con esta nueva ley, se destaca que las policías podrán solicitar la entrega voluntaria de grabaciones de cámaras de vigilancia de comercios y domicilios sin necesidad de una instrucción previa del fiscal. Además, se permitirá a los cuerpos de seguridad solicitar información de georreferenciación, lo que facilitará la localización de los responsables de delitos y de los objetos asociados a ellos. Estas herramientas están diseñadas para mejorar la capacidad de reacción de las fuerzas policiales en las horas críticas que siguen a la comisión de un delito.
Es importante mencionar que, si una persona decide cooperar y entregar la información solicitada, la policía está obligada a levantar un acta que documente la entrega, proporcionando a la persona una copia de este documento. En caso de que la persona se niegue a colaborar, la policía deberá informar de inmediato al fiscal correspondiente. Esto establece un protocolo claro que asegura tanto la cooperación ciudadana como el seguimiento legal adecuado, lo que podría ser determinante en la resolución de casos delictivos.
Durante la ceremonia de promulgación en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente Kast aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Jaime Urrea, el último carabinero fallecido en el cumplimiento de su deber. Este acto de reconocimiento subraya la complejidad y el riesgo que enfrentan las fuerzas de seguridad en su labor diaria. A través de la implementación de esta nueva ley, el Gobierno busca no solo reforzar la capacidad de respuesta ante el crimen, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la seguridad y el orden público en el país.
