La inmunidad de los funcionarios del Estado respecto de la jurisdicción penal extranjera ha sido uno de los temas más destacados en el ámbito del Derecho Internacional, generando intensos debates a lo largo de la historia. En este contexto, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha dedicado casi dos décadas a estudiar y desarrollar criterios que regulen esta materia. Recientemente, se ha llegado a la adopción, en segunda lectura, de 17 artículos que abordan específicamente la inmunidad de los funcionarios del Estado frente a tribunales penales extranjeros. Este proceso fue culminado por el jurista chileno Claudio Grossman, quien actuó como Relator Especial en 2023, llevando a término un proyecto que es considerado uno de los más complejos de la Comisión.
El proyecto establece una diferenciación crucial entre dos tipos de inmunidad. En primer lugar, los jefes de Estado, los jefes de Gobierno y los ministros de Relaciones Exteriores gozan de inmunidad _ratione personae_ mientras se encuentren en el desempeño de sus funciones. Esta inmunidad abarca tanto los actos oficiales como privados, pero cesa una vez que dejan el cargo. En contraste, la inmunidad _ratione materiae_ se aplica a funcionarios estatales en general, independientemente de su posición, y se limita a los actos realizados en ejercicio de su función oficial. Este tipo de inmunidad puede persistir incluso después de que el funcionario haya dejado su puesto.
El objetivo principal del proyecto es encontrar un balance entre dos principios fundamentales del Derecho Internacional: la igualdad soberana de los Estados y la necesidad de responsabilidad por crímenes internacionales graves. En lugar de intentar eliminar la tensión entre ambos, el proyecto propone un conjunto de reglas que buscan afrontarla. Esto se vuelve especialmente relevante al considerar los actos de funcionarios que podrían ser catalogados como crímenes internacionales. La CDI ha determinado que, en estos casos, la inmunidad _ratione materiae_ no se aplicaría a crímenes como el genocidio, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra.
Una de las aportaciones más significativas del trabajo dirigido por Grossman ha sido la inclusión de un marco procesal para las excepciones a la inmunidad. En este nuevo texto se regulan aspectos fundamentales como la notificación al Estado del funcionario involucrado, la posibilidad de invocar o renunciar a la inmunidad, el intercambio de información entre los Estados, la determinación de la inmunidad por las autoridades competentes, y la transferencia del procedimiento penal, garantizando a su vez el derecho a un trato justo. Este enfoque integral busca no solo establecer excepciones a la inmunidad, sino también esclarecer cómo deben ejecutarse en la práctica.
La reciente adopción del proyecto de artículos marca el cierre de un trabajo iniciado en 2007 y se espera que sirva como base para una futura convención internacional. Ahora, el desafío recae en los Estados, que deberán decidir cómo dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión. La responsabilidad de un jurista chileno en la conducción de este trabajo resalta la notable tradición de Chile en la formación y codificación del Derecho Internacional. En un momento en que la comunidad internacional enfrenta diversas crisis, la labor de Grossman destaca la importancia de construir reglas comunes que promuevan la justicia y la cooperación entre naciones.
