En un giro inesperado en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el Tribunal Superior de Justicia de Londres decidió aplazar, bajo condiciones específicas, la posibilidad de que Assange apele contra su extradición a Estados Unidos. Este desarrollo judicial, que se produce tras la aprobación de la extradición por el Gobierno británico en junio de 2022, plantea nuevas interrogantes sobre el futuro legal y los derechos del periodista australiano.
La corte estableció que Assange podrá continuar con su proceso de apelación en una audiencia completa, solo si las autoridades estadounidenses no brindan «garantías satisfactorias» relativas a la protección del acusado bajo la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., y si existe el riesgo de que enfrente la pena de muerte, a pesar de no ser ciudadano estadounidense. Este dictamen coloca una fecha clave para el próximo 20 de mayo, momento en el cual, dependiendo de las garantías ofrecidas por EE. UU., se podría conceder o denegar la autorización para recurrir.
Este caso, que ha capturado la atención internacional desde la publicación por parte de WikiLeaks de más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, incluye la divulgación de un video que muestra la muerte de civiles y periodistas en Irak por fuego estadounidense en julio de 2007. Assange enfrenta hasta 175 años de prisión en EE. UU. por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, relacionados con la exposición de supuestos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
Stella Assange, esposa de Julian, expresó su indignación frente al tribunal en Londres, calificando el proceso como una «vergüenza para cualquier país democrático» y subrayando que Julian no debería haber estado ni un día en prisión. La defensa y los partidarios de Assange han alertado sobre el grave deterioro de su salud y el riesgo de suicidio en caso de ser extraditado.
La posibilidad de que Assange recurra al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para suspender la extradición sigue abierta, aunque con un margen de tiempo muy ajustado. La decisión del Tribunal Superior de Justicia añade una complejidad adicional a un caso ya de por sí polémico y multifacético, que implica no solo la libertad de Assange sino también cuestiones más amplias sobre libertad de prensa, derechos humanos y soberanía jurídica.
Mientras tanto, voces en todo el mundo, incluidas algunas que piden al presidente de EE. UU., Joe Biden, que retire los cargos impuestos durante la presidencia de Donald Trump bajo una ley de espionaje de 1917, continúan abogando por una resolución justa y humanitaria para Assange. Este caso sigue siendo un punto focal de debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad gubernamental en la era digital.
