El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha convocado a una reunión con la pesquera PacificBlu tras el anuncio del cierre de la planta, que se debe a la implementación de la Ley de Fraccionamiento pesquero. Durante una entrevista con radio ADN, Grau subrayó que la legislación actual está en entredicho y señala la falta de transparencia en su tramitación. La preocupación del ministerio radica en el impacto que este cierre tendrá no solo en la empresa, sino también en los trabajadores que dependen de ella para su sustento.
La Ley de Fraccionamiento, en cuestión, busca repartir los recursos marinos de manera equitativa entre el sector artesanal y el industrial. Grau explicó que la propuesta inicial del gobierno contemplaba una distribución del 57% para la industria pesquera y un 43% para el sector artesanal, pero esa propuesta fue modificada en la Cámara de Diputados, otorgando un 70% a la pesca artesanal y un 30% a la industria. Esta modificación fue rechazada en el Senado, lo que ha llevado a la situación actual de negociación bilateral entre las partes.
En sus declaraciones, el ministro Grau recalcó que la diferencia de enfoques entre las regiones es un factor significativo en el debate sobre la gestión pesquera. Los legisladores de regiones más enfocadas en la pesca artesanal tienden a priorizar los intereses de este sector, mientras que la planta de PacificBlu se localiza en una región con una gran dependencia de la industria pesquera. Grau enfatizó que su objetivo como Ejecutivo es encontrar un equilibrio que permita la coexistencia de ambas áreas, un reto que ahora se ha vuelto más urgente dada la amenaza de cierre de la planta.
La próxima reunión con PacificBlu es vista por el ministro como una oportunidad crucial para escuchar las preocupaciones de la empresa y discutir las condiciones bajo las cuales podría continuar operando. Grau se comprometió a trabajar en la búsqueda de consensos políticos para poder atender las demandas de la compañía. La situación es delicada, ya que el cierre de PacificBlu no solo afectaría a más de 800 trabajadores en forma directa, sino que también tendría repercusiones en otros 2.400 trabajadores indirectos.
Este entorno de incertidumbre pone de manifiesto la tensión existente entre la regulación pesquera y la viabilidad económica de las empresas del sector. A medida que la legislación se desarrolla, los desafíos que enfrentan empresas como PacificBlu subrayan la necesidad de un enfoque consultivo que incluya a todos los actores en la toma de decisiones. La esperanza del ministro Grau es que el anuncio de cierre de la planta sirva como catalizador para un diálogo constructivo que lleve a una solución sostenible para la industria y la comunidad laboral afectada.
