La semana pasada se dio inicio a la revisión de la norma lumínica en Chile, un tema que ha suscitado intensos debates en la esfera pública. Este proceso surgió como respuesta a las preocupaciones sobre la seguridad en las calles, a raíz de afirmaciones que sugieren que la luz más cálida podría llevar a un aumento en la inseguridad. Sin embargo, estas ideas se basan en un error común: asumir que más luz siempre se traduce en un entorno más seguro. La revisión de la norma busca abordar estos mitos y clarificar la relación entre iluminación y seguridad en nuestros espacios urbanos.
La norma lumínica chilena ha sido reconocida como un modelo de política pública informada por la ciencia y se remonta a varias administraciones, comenzando con el Decretado Supremo 686 durante el gobierno de Eduardo Frei. Posteriormente, continuó su desarrollo con el DS 43 bajo la administración de Sebastián Piñera I y culminó con el DS 1 durante el gobierno de Gabriel Boric. Esta evolución ha posicionado a Chile como un referente mundial en la regulación de la contaminación lumínica, mostrando un compromiso por el cuidado del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida urbana.
Un aspecto fundamental en esta discusión es que no existe evidencia científica que respalde la noción de que la luz cálida afecte negativamente la seguridad de las calles. La seguridad no se determina únicamente por la intensidad de la luz, sino que se relaciona con diversos factores como el diseño de la iluminación, la uniformidad, el contraste, la orientación y el control del deslumbramiento. Estos elementos juegan un papel crucial en la efectividad de la iluminación para promover un ambiente seguro y acogedor para los ciudadanos.
La revisión de la norma lumínica puede ser una oportunidad valiosa para mejorar su implementación y adaptarla a las necesidades actuales de las comunidades. No obstante, es esencial que dicha revisión no represente un retroceso en los estándares ya establecidos. La verdadera meta no es simplemente iluminar más espacios, sino iluminar de manera más efectiva, considerando la calidad de la luz y su impacto en la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos.
Daniela González, directora ejecutiva de la Fundación Cielos de Chile, destaca la importancia de mantener criterios científicos en esta revisión y de evitar caer en la tentación de cambiar la norma por presiones sociales infundadas. Al final del día, el desafío radica en promover un uso responsable de la iluminación que contribuya tanto a la seguridad como al bienestar ambiental, asegurando que nuestras ciudades sean más habitables y seguras para todos.
