Durante la mañana de hoy, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación actual relacionada con la querella interpuesta bajo la Ley Antiterrorista tras el atentado contra las obras de construcción de la central hidroeléctrica de pasada en Rucalhue. Este ataque, ocurrido el pasado domingo, dejó a dos guardias lesionados y causó daños a 45 camiones y cinco maquinarias, lo que ha puesto en riesgo un importante proyecto de inversión de la empresa china International Water & Electric Corp. Ante esta grave situación, Cordero anunció su intención de viajar a la zona para reunirse con representantes de la empresa afectada y evaluar las medidas de seguridad a implementar.
En una reciente entrevista con Radio Pauta, el ministro Cordero destacó su compromiso con la continuidad del proyecto de inversión en Rucalhue, señalando que el Estado de Chile estará firme en su defensa ante cualquier resistencia que sufran por parte de grupos que se opongan al desarrollo del proyecto. «El mensaje que está enviando el Gobierno no es solo para la empresa, sino para todos aquellos que intenten obstaculizar de manera ilegítima la realización de este tipo de obras», expresó Cordero, haciendo hincapié en la aplicación de la Ley Antiterrorista como una medida necesaria en este contexto.
En respuesta a los acontecimientos, comunidades mapuche pewenche de Alto Biobío, junto con organizaciones sociales y ambientales, han decidido acudir a La Moneda para presentar una carta dirigida al Presidente de la República y a autoridades ministeriales. En esta misiva, demandan la paralización del proyecto hidroeléctrico Rucalhue, argumentando que la construcción de una nueva central hidroeléctrica agrava la crítica vulneración de derechos que afecta a estas comunidades, así como los severos impactos ambientales que han afrontado por proyectos similares en la región.
Los líderes de las comunidades pehuenche tienen como objetivo dar visibilidad a su situación tras haberse reunido previamente con representantes de la embajada de China y en Conaf. En este marco, se plantearán los resultados de esas conversaciones y la necesidad de un diálogo abierto sobre las consecuencias que la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas está teniendo en sus territorios, así como sus preocupaciones acerca de la falta de consulta y respeto por sus derechos ancestrales.
La situación en Rucalhue se ha convertido en un punto crítico que pone de relieve las tensiones entre el desarrollo de proyectos de inversión y los derechos de las comunidades indígenas. El Gobierno, por su parte, ha manifestado su firme intención de defender los intereses empresariales en la región, al tiempo que comunidades mapuche pewenche se esfuerzan por hacerse escuchar y garantizar que sus derechos sean respetados en el marco del desarrollo económico del país.
