El Juzgado de Garantía de Concepción tomó la decisión de imponer prisión preventiva a Sebastián Polanco, ex pareja de Camila Polizzi, tras determinar que este ha violado repetidamente las condiciones de su arresto domiciliario. La medida se enmarca dentro del caso lencería, que ha generado gran atención pública. La fiscal María José Aguayo explicó que la nueva audiencia se convocó debido a que Carabineros de Coronel reportó nuevos incumplimientos de Polanco en su medida cautelar, evidenciando un patrón preocupante que justifica esta acción judicial.
La historia de Sebastián Polanco no es reciente; su situación ha sido objeto de diversas audiencias desde que fue arrestado en noviembre pasado en un centro comercial de Talcahuano. En esa ocasión, Polanco alegó que se encontraba trabajando en una tienda de retail, pero las autoridades consideraron que esto no justificaba el incumplimiento de las restricciones impuestas. Desde entonces, han surgido informaciones sobre otros imputados relacionados con el caso Convenios en la Región del Biobío, lo que ha complicado aún más su situación legal.
Durante su detención, Polanco expresó su descontento con la aparente desigualdad en el trato recibido por otros involucrados en el caso. Afirmó que varios exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío, incluyendo a su expareja, están trabajando desde casa mientras él se enfrenta a severas restricciones. «¿Sabe lo que me parece injusto? Que el administrador regional, el jefe de gabinete, toda la gente que ha rodeado al gobernador esté trabajando en la consultora Tabancura», argumentó Polanco, reflejando su frustración ante lo que considera un doble estándar en la aplicación de la justicia.
La prisión preventiva decretada por el tribunal no es definitiva, ya que la defensa de Polanco tiene la posibilidad de apelar la resolución. De acuerdo con las leyes vigentes, podrían solicitar una revisión de la situación cautelar del imputado, lo que podría llevar a un cambio en las condiciones de su arresto o incluso a su liberación bajo ciertas garantías. Sin embargo, los reiterados incumplimientos de Polanco complican aún más su defensa y disminuyen las posibilidades de éxito en una apelación.
Este caso sigue generando interés y preocupación entre la ciudadanía, dado el contexto de corrupción y manejo cuestionable de los recursos públicos que rodea a los funcionarios implicados. La fiscalía se encuentra bajo presión para garantizar que las medidas cautelares se cumplan y que se tomen las acciones necesarias para que la justicia prevalezca. La atención se mantendrá en el desarrollo de este proceso legal y en las posibles repercusiones que puedan surgir a medida que avanzan las distintas audiencias.
