La columna del señor Julio Friedmann, gerente general de Enap, ha suscitado una serie de interrogantes en torno al funcionamiento del mercado de combustibles en Chile. Como bien se señala, Enap posee un cuasi monopolio en la venta de gasolinas, con una participación de mercado que supera el 90%. Esta posición dominante exige una mayor claridad en su operación, ya que la transparencia no solo es un requerimiento ético, sino también una necesidad apremiante para los consumidores y competidores que enfrentan un mercado imbuido de opacidad.
Friedmann menciona el Precio de Paridad de Importación (PPI) como un modo de fijar precios justos, sin embargo, este índice no es una referencia externa sino una medida que responde a la política interna de Enap, establecida desde 1986. Esto plantea dudas sobre la objetividad de dicha metodología; no es suficiente un simple manto de validación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, dado que no existe evidencia pública que respalde dicha legitimidad. La investigación de 2013 sobre cláusulas contractuales en función de una denuncia de Shell Chile no incluye un examen de la metodología de precios, lo que refuerza la falta de auditoría externa en el proceso de formación de precios.
Además, aunque Enap brinda información sobre precios, esta se conoce con cierto retraso y no puede ser replicada de forma independiente. La dependencia de fuentes privadas como Platts, junto a costos de flete y seguros no divulgados, complica aún más la comprensión del sistema. Por el contrario, el precio de paridad de importación que calcula el Ministerio de Energía, a través del MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles), presenta la ventaja de ser más replicable y accesible, lo que plantea un desafío directo a la metodología de Enap.
La actual coyuntura económica en Chile ofrece una oportunidad crucial para que Enap adopte un enfoque más transparente en su fijación de precios. Dada su posición dominante, sería no sólo prudente, sino necesario, que la empresa divulgue los criterios y metodologías que utiliza para calcular el precio de los combustibles. Además, sería beneficioso que ambos sistemas —el de Enap y el del MEPCO— se unificaran en términos de fuentes de datos y métodos de cálculo, eliminando así cualquier distorsión en los precios de paridad y favoreciendo una competencia más justa en el mercado.
Por último, el debate sobre los precios de los combustibles en Chile es pertinente y debe ser enriquecido con perspectivas que abogan por una mayor transparencia y equidad. Los consumidores necesitan poder confiar en que los precios que pagan son justos y reflejan el verdadero costo del mercado. Enap, al ser la principal proveedor de combustibles en el país, tiene la responsabilidad de liderar este cambio hacia la transparencia, en pro del bienestar de toda la población.
