La reciente Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el gobierno de Chile ha generado un intenso debate, en especial por la propuesta de reforma constitucional impulsada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Acompañada de 35 proyectos de ley, esta agenda busca transformar la gestión de la seguridad en el país, incluyendo un nuevo estado de excepción que ha levantado muchas críticas. Aunque el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para combatir el aumento de la delincuencia y el terrorismo, expertos y sectores políticos expresan su preocupación sobre la falta de diálogos inclusivos y el riesgo de instaurar reformas consideradas como «iliberales» y «antidemocráticas».
La reforma constitucional, una de las piezas clave de esta agenda, incluye una serie de cambios que proponen integrar la seguridad pública como un deber fundamental del Estado. Este ajuste busca enmarcar la protección de la ciudadanía desde la Constitución, sin embargo, críticos de la medida han insistido en que estos cambios son más simbólicos que efectivos. Los constitucionalistas de la derecha argumentan que la noción de «seguridad nacional», ya presente en el documento, es suficientemente amplia para abarcar la seguridad pública, lo que pone en duda la oportunidad y pertinencia de la nueva modificación.
Otro aspecto polémico de la propuesta de reforma constitucional es la intención de establecer regímenes penitenciarios diferenciados a nivel constitucional. Actualmente, esta facultad pertenece al ámbito administrativo y, de ser aprobada, otorgaría a Gendarmería un poder significativo para gestionar las condiciones de encarcelamiento sin intervención judicial. Esta medida busca limitar los derechos de los reclusos bajo ciertos regímenes, restringiendo visitas y otros beneficios, lo que ha suscitado un amplio debate sobre el respeto a los derechos humanos y los principios de justicia que deben regir el sistema penitenciario.
Además, la agenda incluye inhabilidades para condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, un mecanismo que prohíbe a estos individuos acceder a beneficios públicos y ejercer funciones públicas durante un periodo prolongado. Esta propuesta ha generado divisiones en el oficialismo, donde algunos legisladores cuestionan su efectividad y su alineación con las garantías constitucionales. Queda por ver cómo se regularán estos procedimientos al ser sometidos a leyes de quórum calificado, que podrían complicar su implementación.
Finalmente, el nuevo estado de excepción propuesto ha despertado serias inquietudes en distintos sectores. Esta propuesta permitiría la intervención militar y la interceptación de comunicaciones en circunstancias amplio definidas como «amenaza grave e inminente», pero sin la necesidad de una autorización previa del Congreso, lo que plantea preocupaciones sobre la posibilidad de abusos de poder. La integración de elementos de un estado de asamblea, normalmente reservado para situaciones de guerra, a un contexto de seguridad pública ha levantado alertas sobre el respeto a los derechos ciudadanos y el equilibrio de poderes en el país.
