En un contexto de creciente preocupación por la salud mental en el ámbito laboral, un grupo de diputados ha presentado un controvertido proyecto de ley que busca suspender la Ley Karin, la cual establece medidas para prevenir y sancionar la violencia laboral en Chile. Argumentando sobre el notable aumento de denuncias y la saturación de los organismos involucrados, los proponentes del proyecto sugieren que esta medida es necesaria para gestionar mejor los casos que, según ellos, no se enmarcan dentro de esta normativa. Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate en la sociedad chilena, reavivando la discusión sobre los derechos fundamentales que el país ha asumido al ratificar el Convenio 190 de la OIT, el cual promueve un entorno de trabajo libre de violencia y acoso.
Los datos sobre la situación laboral en Chile son alarmantes. Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en 2025, el 77% de las enfermedades laborales fueron catalogadas como trastornos de salud mental, con más de la mitad de estos casos asociados a factores de riesgo relacionados con la violencia en el trabajo. Esta investigación revela una inquietante correlación: aquellas personas que han sido expuestas a la violencia laboral presentan entre tres y cinco veces más probabilidades de tener pensamientos suicidas. Estas estadísticas resaltan la urgencia de abordar la violencia en el entorno laboral y la necesidad de contar con marcos legales robustos que protejan a los trabajadores.
Frente a esta problemática, suspender derechos no es una solución viable. Más bien, la respuesta adecuada debe enfocarse en mejorar la implementación de la Ley Karin. Esto incluye dotar de los recursos necesarios a los organismos encargados de administrarla y fiscalizarla, además de fortalecer las capacidades de las organizaciones para crear entornos psicosociales más seguros. Es fundamental que el gobierno y la sociedad civil trabajen en conjunto para asegurar que la ley se aplique efectivamente, y que se brinden los apoyos adecuados a quienes han sido víctimas de violencia laboral.
La discusión de la Ley Karin también nos lleva a reflexionar sobre la autoridad en los ambientes laborales. No es suficiente con simplemente mejorar los liderazgos o impartir formación en habilidades blandas; la autoridad debe ejercerse de manera justa y constructiva. Esto implica fijar límites claros, regular conflictos y, sobre todo, ejercer el poder de forma ética. Cuando la autoridad se vuelve arbitraria o abusiva, puede causar un daño profundo a la salud mental de los trabajadores, deteriorando aún más el clima laboral y fomentando la violencia en el trabajo.
Los desafíos que enfrenta la Ley Karin deben ser vistos como una oportunidad para mejorar su aplicación, no como justificación para retroceder en el reconocimiento de derechos fundamentales. Suspender derechos porque no se sabe garantizar su efectividad es una postura que no puede ser aceptada en un país que se compromete a proteger la dignidad de sus trabajadores. Por ello, es urgente que los legisladores y la sociedad en su conjunto se enfoquen en soluciones que fortalezcan los derechos laborales y promuevan un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos.
