La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se ha consolidado como una figura clave en la articulación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en medio de tensiones vinculadas a la reforma constitucional propuesta en materia de seguridad. En un momento donde la controversia sobre el manejo de la seguridad pública alcanzó niveles significativos, Núñez decidió convocar a los altos mandos de las FF.AA. para expresar sus inquietudes respecto a las iniciativas impulsadas por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Esta acción, que se da en un contexto de ausencia del ministro de Defensa, Fernando Barros, ha generado un protagonismo inesperado de la presidenta del Senado en un área tradicionalmente reservada para el Ejecutivo.
La semana pasada, mientras se discutían los borradores de la reforma constitucional, Núñez tomó la iniciativa de contactar a los auditores de las ramas castrenses, ya que las propuestas iniciales generaban desconcierto no solo entre los militares, sino también dentro del propio oficialismo. Este giro en la dinámica de diálogo sugiere que Núñez intenta acercar posturas antes de que el proyecto ingrese formalmente al Congreso, asegurándose de que las FF.AA. tengan voz en un proceso que podría alterar significativamente su rol en la seguridad pública. Sin embargo, la ausencia de Barros en esta discusión ha suscitado críticas sobre la falta de coordinación dentro del gobierno.
La reunión entre Núñez y los auditores de las FF.AA., que se llevó a cabo en el Ministerio de Seguridad, fue un encuentro a puertas cerradas, lo que añade una capa de confidencialidad a las discusiones que allí se llevaron a cabo. Los mandos castrenses expusieron su preocupación sobre la posibilidad de quedar bajo el mando policial en situaciones de estado de excepción, una idea que fue categóricamente rechazada. La eventual participación de las FF.AA. en labores de seguridad pública fue discutida bajo condiciones que aseguran su autonomía y liderazgo militar, una solicitud que refleja el descontento de los uniformados ante la propuesta gubernamental.
El diálogo entre Núñez y los auditores de las FF.AA. tiene implicaciones significativas para el desarrollo futuro de las políticas de seguridad en el país. Las FF.AA. manifestaron su disposición a colaborar, pero insisten en que dicha colaboración debe ser acotada y bajo un marco que resguarde su autonomía operativa. El consenso entre los auditores es claro: prefieren mantener y perfeccionar el estado de emergencia actual en lugar de ser integrados de manera permanente y directa en las operaciones de seguridad pública, un tema que sigue abierto a la interpretación en el texto de la reforma presentando por el Ejecutivo.
Por su parte, el ministro Barros, tras ser consultado sobre su exclusión en este diálogo crucial, reconoció que el proceso de diálogo apenas comienza, añadiendo que corresponde a los Ministerios de Seguridad e Interior liderar la discusión del proyecto. Las declaraciones de Barros indican un intento por reorientar la narrativa y enfatizar que esta reforma es una iniciativa del gobierno como un todo. Sin embargo, la falta de coordinación con las FF.AA. plantea interrogantes sobre la efectividad y viabilidad de las estrategias que el gobierno pretende implementar en un tema tan delicado como la seguridad nacional.
