La administración de José Antonio Kast ha comenzado a ajustar su estrategia comunicacional en torno a la megarreforma, una de sus iniciativas más ambiciosas. A pesar de las críticas hacia el tono empleado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, al destacar la importancia crucial de la ley miscelánea para el éxito del gobierno, desde La Moneda se ha optado por desdramatizar el impacto de esta reforma. La vocera del gobierno, Mara Sedini, afirmó que «todos los proyectos son importantes, pero si alguno fracasa, seguimos adelante», buscando así marcar distancia con declaraciones anteriores y atenazar el nerviosismo en el oficialismo y en la oposición.
El contraste entre las posturas de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y el de Segpres, José García, se ha vuelto evidente. Mientras García enfatizaba la vitalidad de la megarreforma en relación con el futuro del gobierno, Quiroz ha tratado de minimizar su impacto, afirmando que el éxito del gobierno no depende exclusivamente de este proyecto. Esta dicotomía refleja la real preocupación de la administración por el escaso margen de maniobra que tiene en un Congreso donde necesita negociar votos, especialmente con el partido opositor que representa el Partido de la Gente.
El clima en torno a la megarreforma recuerda momentos históricos en la política chilena. Referencias al contexto de las reformas del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet han comenzado a resurgir, indicando que la percepción del oficialismo sobre la importancia de la megarreforma puede haber generado expectativas desmedidas. Benjamín Moreno, jefe de bancada del partido republicano, ha calificado la iniciativa como la «madre de las batallas», encendiendo así las alarmas sobre su tramitación y su significado para el futuro del gobierno.
Sin embargo, algunos ministros, como Iván Poduje, titular de Vivienda, han abordado la urgencia de la aprobación de la reforma desde una perspectiva más apremiante. Poduje expresó su preocupación por la inminente falta de fondos para la reconstrucción, lo que ha generado tensiones dentro del gabinete respecto a los plazos de tramitación. Kast, aunque sensibilizado por esta urgencia, ha evitado elevar la presión política del proyecto, instando al Congreso a actuar con diligencia y reconociendo que los plazos no se pueden extender.
El ajuste comunicacional del Ejecutivo parece ser una estrategia necesaria en un entorno político delicado, donde la oposición ha mostrado su disposición a rechazar la reducción del impuesto corporativo, considerado el núcleo de la megarreforma. La reciente decisión de avanzar con el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados es un intento por reorientar el debate y evitar que esta iniciativa se convierta en un plebiscito sobre la gestión del gobierno. La esperanza del Ejecutivo es que, con una comunicación adecuada y un enfoque de colaboración, se logre avanzar en la agenda de reformas propuestas sin incrementar la polarización política.
